La democracia en México está enferma

Un defensor de derechos humanos, Emilio Álvarez Icaza, decidió involucrarse de lleno en la política electoral, tras anunciar su intento de registrarse como candidato presidencial independiente para las elecciones generales de 2018, a través de un movimiento ciudadano que también buscaría postular otras candidaturas independientes al Congreso.

Tras haber sido el ombudsman capitalino, Álvarez Icaza participó en la creación y desarrollo del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, al lado del poeta Javier Sicilia. Luego asumió la secretaría ejecutiva de la Comisión Internamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, la cual dejó el año pasado.

En esta entrevista, Álvarez Icaza comparte su diagnóstico sobre la crisis humanitaria que existe en México, como parte de la serie “Tierra de impunidad”.
¿Cómo es que de repente este país empezó a tener un gran número de personas asesinadas en eventos de alto impacto, crímenes masivos tremendos? En el siglo pasado hablábamos de Tlatelolco, pero en este siglo tenemos la masacre de San Fernando, Tlatlaya, Ayotzinapa… ¿En qué momento entramos a esta dinámica de barbarie?

No son cambios que se dan de la noche a la mañana. Es un lento proceso que tiene factores nacionales y factores internacionales. Algunos de los factores internacionales tienen que ver con el reacomodo del mercado de la droga y con el reacomodo de los mecanismos internacionales. Para decirlo simbólicamente: cuando caen las Torres Gemelas, caen varios de los mecanismos y paradigmas de protección en Estados Unidos que hacen la redireccionalización del mercado de la droga y México deja de ser un país de tránsito para empezar a jugar un rol de país de tránsito, consumo y producción de droga. Eso genera simultáneamente un empoderamiento de los cárteles, un fenómeno donde se empieza a disputar el contexto del gran mercado que es Estados Unidos. Digamos, Estados Unidos es un mercado que pareciera ilimitado y México tiene tres mil kilómetros de frontera con él.

Empieza entonces a darse un fenómeno donde, ante el control de lo que sucedía en Colombia, mediante el Plan Colombia y otros mecanismos, los cárteles de Colombia disminuyen su presencia, su fuerza, su hegemonía, y los cárteles mexicanos comienzan a tomar más espacios.
Eso ocurre en el 2000, casi a la par de la alternancia en México…

A nivel nacional se da un cambio de régimen. Un régimen que llevaba 70 años en el poder, fuerte, duro, que tenía pactos con el crimen y lo organizaba. Ya hubiera querido el partido comunista soviético parecerse al PRI. Gobernó 70 años, pero siempre hacía elecciones. El problema es que no había diferencia entre partido, gobierno y Estado. Si lo dijéramos caricaturizadamente “pasamos del crimen organizado al crimen desorganizado”. Este fenómeno de gobierno genera una ventana de oportunidad a nivel local con los cárteles en esta lógica donde ya no sólo es país de tránsito sino que empieza a producirse y a consumirse. De manera que hay un cambio internacional pero también un cambio nacional.
¿Y qué ocurre ante ese cambio nacional?

Se pasa a otro nivel donde comienzan a convivir la delincuencia organizada y distintos estratos del Estado o de autoridades, policías municipales, estatales e incluso algunos sectores de las fuerzas federales. Luego se pasa a un momento donde el crimen toma una posición de hegemonía en algunos lugares del país y subordina a las estructuras del Estado: policías municipales, estatales, financia campañas políticas. Empiezan a generar una condición donde la cadena de delitos muta. Ya no sólo es el tema de la droga, ya no sólo es el control de los mercados, no sólo la frontera, algunos lugares claves para la distribución en Estados unidos son ahora también puntos turísticos, puertos, o algunos lugares que pudieran ser importantes puntos de referencia. Eso genera una especie de control territorial. Ya no sólo es mover la droga sino controlar el territorio. Y controlar el territorio lleva entonces a generar condiciones donde el delito pueda multiplicarse. Ya no sólo pasamos del trasiego o producción de la droga sino a otro tipo de delitos: el secuestro, extorsión, el derecho de piso. Inclusive el control territorial para enfrentar a los rivales. Así comienza a generarse espirales de violencia muy inusuales en el ámbito mexicano donde se incorporan tácticas y técnicas militares, armamento militar, armamento de gran calado. Estas armas se compran en Texas, se compran en Arizona, y tienen la misma reglamentación que requieren para comprar un paquete de pañales. O sea, ninguna. Alguien puede ir a una armería en Texas y comprar la cantidad que considere pertinente de rifles automáticos y en el estacionamiento venderlos. La cercanía geográfica también del armamento les da una ventaja táctica a los cárteles mexicanos. También empiezan a reclutar a gente de Guatemala, gente del Ejército mexicano, y se da este fenómeno de técnicas y táctica militares y que empieza a escalar. Empezamos a ver este fenómeno de control territorial donde el gobierno se hace de la vista gorda. ¿Por qué? Porque financiaron a todos los políticos o porque tienen más capacidad de fuerza que los municipios, más hombres que la policía. Empieza poco a poco una especie de cáncer que empieza a corroer bajo el principio de plata o plomo: matan presidentes municipales, personas, candidatos. Pero llega el momento tal que esto se empieza a derivar en otra ramas como la industria del secuestro de los migrantes.
10 MIL MIGRANTES SECUESTRADOS CADA 6 MESES

¿Cómo afecta esta nueva realidad al fenómeno migratorio mexicano?

El fenómeno migratorio que pasa por México a Estados Unidos no es nuevo, pero se convierte en toda una mina de extorsión. Hay un estudio de los de la Comisión Nacional Derechos Humanos en México y de otros que reportan que hay más 10 mil secuestros al semestre. Y uno se pregunta ¿qué pasa con eso?

Es un fenómeno que llama mucho la atención porque los migrantes tienen que llamar a su lugar de origen, Guatemela, Honduras, Salvador, para que las familias depositen. O hablar a Estados Unidos y se haga una transferencia. Todo eso se hace por transferencias financieras. A ciertas cuentas. Uno se pregunta cómo es posible que no encuentren esas cuentas. Si cualquier ciudadano no paga impuestos, el gobierno mexicano tiene la capacidad para decir “usted tiene ingresos no declarados”. Si fueran ciertos estos informes que dio la CNDH de que hay 10 mil secuestros al semestre, 20 mil al año, es una industria de la extorsión, del secuestro y de la muerte, y no hay seguimiento financiero, pues, es una negligencia criminal. O sea, ¿a quién se le deposita?, ¿cómo se le deposita?

Vamos, ahora hasta en Centroamérica hablan del fenómeno del pago del seguro. Es un fenómeno donde los migrantes dicen “Yo pago 5 mil dólares y me garantizan tres intentos de cruzar la frontera que me protegen del secuestro”. Yo entrevisté a migrantes en Saltillo, una ciudad al norte de México, en el estado de Coahuila, frontera con Estados Unidos, y un muchacho me enseñó su mano y no tenía dos uñas. Me dijo “nos secuestraron en Tierra Blanca, en Veracruz, nos metieron a 12 de nosotros en un cuarto y salió uno de los Zetas o no sé de dónde eran y nos dice ‘nos van a dar un teléfono. No tenemos todo el tiempo’. Yo aguanté que me cortaran dos uñas. Mi compañero no tiene cinco. Y no te quiero platicar lo que le hicieron a la mujer que iba con nosotros. En tres días la violaron más de 15 veces”. Todo eso se ha denunciado por años y no se sabe.

Hay fenómenos como la matanza de San Fernando, de los 72 migrantes, que tuvo una dimensión internacional, que son de tal magnitud, tan macabros, tan violentos que dices “el Estado va a hacer algo”. Y no, no ha pasado. Porque hay fenómeno de connivencia con el crimen organizado y empiezan a darse en ciertos lugares donde el delito controla hasta la venta de mercancía en las plazas, la cuota de los taxistas, el piso a lo empresarios. Es una especie de Estado paralelo. Genera una condición literalmente de connivencia. Lugares como Tamaulipas, Nuevo León, tuvieron unos de los momentos más álgidos de expresiones de violencia entre los años 2008 y 2014, todavía con ecos hasta hoy. Hubo un fenómeno de desapariciones en esos lugares del país tremendo. Había lugares donde retenes del crimen organizado desaparecía a gente a malsalva. Se denunció, yo mismo fui a Monterrey y hablamos con el procurador, con cientos de familias de desaparecidos, hasta actores callejeros, gente que nunca apareció.
UNA ESTRATEGIA DE IMPUNIDAD INSTITUCIONALIZADA

¿Qué les dijo el procurador de Nuevo León?

Cuando empezamos la primera vez teníamos investigaciones de dos años que tenían tres hojas en el expediente. No investigaban nada. No averiguaban en los reclusorios, en los hospitales. Simplemente era una estrategia de contención a la víctimas hasta que se cansaran de reclamar. O el maltrato que los revictimizaba. O haciendo hipótesis absurdas de que la gente ‘se iba al otro lado’, o que tenía una relación extramarital y por eso no quería decir dónde estaba o que probablemente tenía otro tipo de intereses y por eso no quería ser encontrado. Este tipo de explicaciones lejos de ayudar a la justicia revictimizaba a los familiares. La primera vez que esto pasó fue en el 2011 cuando hicimos la Caravana por la Paz. Seguimos insistiendo hasta que comenzaron a aparecer restos de personas, personas, familiares. En fin, en realidad era una estrategia de impunidad institucionalizada.

En Coahuila se dieron fenómenos de desaparecidos masivos, en Durango, en Chihuahua. Este fenómeno toma otra dimensión cuando en el 2007 el presidente de ese momento, Felipe Calderón, decide enfrentar este desafío del narcotráfico por la vía de poner a las fuerzas armadas a desempeñar labores de seguridad, y el Ejército y la Marina empiezan a desempeñar funciones de policía bajo el paradigma bajo el cual han sido entrenados. El Ejército y la Marina no están entrenados en el uso proporcional de la fuerza; están entrenados en el uso letal de la fuerza. Un ejemplo muy claro: si hubiera un retén y un policía marca el alto a persona, esa persona se va a detener, pero si un militar marca el alto y esa persona no se detiene un militar le va a disparar. Pero no sólo tiene que ver con eso. Tiene que verse qué se hace con los detenidos, qué se hace con los interrogatorios, con las eficiencias de pruebas. Lo que pasó es que los militares llevaban a los detenidos al ministerio público y los soltaban. Ellos dijeron “a nosotros nos han dado instrucciones de actuar, nos han dicho que esto es una guerra” y se empiezan a reportar graves violaciones a los derechos humanos donde hay elementos para suponer que las fuerzas armadas estaban cometiendo delitos para combatir el delito.

Hay una cantidad de denuncias documentadas por instancias nacionales e internacionales donde no sólo se demuestra el abuso de la fuerza sino también ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, y tortura como una práctica sistemática del Estado. Es decir, en este afán de querer combatir el delito el Estado comienza a cometer excesos. Bajo la hipótesis de “nadie es inocente hasta que se demuestre lo contrario” en algunos lugares de la República comienzan a generar una condiciones prácticamente de arrasa. Bastaba con que una persona tuviera apariencia de delincuente, en el entendimiento del Estado. Empezó a pasar que ciertos estratos de la población quedaron en medio no sólo de la actuación de la autoridad que estaba supuestamente para defender sino también de los narcos. En algún momento la autoridad intentó justificar eso diciendo “no, hombre, si se están matando entre ellos”. Se refería a las ejecuciones entre grupos delincuenciales. Luego comenzó a decir “es muy triste, es muy lamentable, pero son daños colaterales. Son cosas que pasan. Hay un bien superior”. Esa política pública tuvo un fenómeno, al no limitar el uso de la fuerza, que llevó a una crisis de los Derechos Humanos en México, que luego el gobierno de Enrique Peña Nieto, que entra en 2012, retoma. No sólo lo retoma en términos de no cambiar el modelo de Felipe Calderón, sino que habiendo estas denuncias (eso se representa muy bien con una ley general de víctimas. Él al inicio de su gobierno, en 2013, decide aprobar esa ley), lamentablemente, en lugar de atender a estos llamados, sin tener la misma narrativa pública, prácticamente tuvo la misma lógica de actuación: dejó al Ejército en las calles, dejó a la Marina, y a la Marina con muchos menos elementos de rendición de cuentas, con muchos menos elementos de información y con un índice de letalidad mucho mayor al Ejército. Este fenómeno de, déjenme decirlo como se ha debatido públicamente en México, “una guerra sin detenidos”.
¿Qué quiere decir una guerra sin detenidos?

Ejecuta a quien detienes. Es un exterminio. Bajo la lógica de “no, pues, yo lo entregué. Yo lo di” como si eso fuera suficiente como explicación por parte del gobierno cuando se le pregunta qué pasa con las personas que están bajo su responsabilidad.
NO TENEMOS MÁS SEGURIDAD Y SÍ TENEMOS MENOS DERECHOS

¿Qué pruebas existen, o cómo se puede sustentar, que estos delitos son cometidos con base a una política del Estado?, ¿o usted piensa que son ciertas zonas del estado las que actúan de esta forma?

Hay un fenómeno simultáneo: México comienza esta transición democrática. Los primeros 12 años, del 2000 al 2012, hay una fuerte presión para cambiar la narrativa, la perspectiva de derechos humanos de distinta manera. Tanto es así que en el 2011 se llega al cambio institucional, se cambia la constitución, para tratar de hacer un enfoque de derechos humanos. Simultáneamente en el 2006 se empieza esta lucha pública que ya tenía el contexto que expliqué. Se empiezan a dar lunares de esta práctica que tiene que ver con la conexión del mercado con Estado Unidos, con la capacidad de filtración de los cárteles en distintos gobiernos estatales. No es general la manera en que los cárteles influencian o el delito influencia sino que hay ciertos nichos. Tampoco son los mismos. Ellos se están enfrentando también. De manera que no necesariamente tenemos un escenario donde todo el país en todo momento está así. Hay fenómenos donde se empiezan a infiltrar hacia los gobiernos municipales -México es un país que tiene más de 2 mil 500 municipios en 32 estados- y aprovechan esas ventanas de oportunidad en un fraccionamiento de poder que lleva no sólo a que los políticos no entiendan que tienen que generar una política de Estado unida sino que el dilema de seguridad no puede enfrentarse de esa manera. Lo que ha venido pasando es que no tenemos más seguridad y sí tenemos menos derechos. La manera en que el Estado lo ha hecho es tratar de dialogar con esta reforma constitucional diciendo “miren cuántas leyes; cuánto hemos avanzado”, pero el aparato de justicia prácticamente no ha cambiado. El aparato de justicia reproduce una estructura de impunidad. Ahí sí tenemos una condición generalizada de impunidad. Este fenómeno lo que hace es generar condiciones de mucha desesperación a los políticos en una lógica cortoplacista donde el tema de seguridad es usado incluso como bandera electoral. Y bajo la lógica de resultados. ¿Cuáles son los resultados? Los detenidos, no importa si es culpable o no. Eso genera que autoridades municipales, estatales y federales utilicen el tema de seguridad para sacar votos. En esa lógica tienes dinámicas diferenciadas. Yo no diría que es una política de Estado. Lo que sí es que es un desafío para todas las instituciones del Estado y todos los niveles de gobiernos.
¿Es como una epidemia…?

Es así. Por ejemplo el fenómeno de la tortura. Todas las instancias internacionales han puesto la alarma sobre el tema de la tortura en México: el ralator para la tortura de naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la corte Interamericana a emitido casos además de práctica de tortura; instancias civiles como Human Rights Watch, como Amnistía internacional, han venido advirtiendo al estado mexicano; grupos de trabajo de Naciones Unidas. Los focos rojos están prendidos desde hace años en México. Es lo que le pasa a un coche cuando se le prende un foco: lo más probable es que se ponga peor. Luego, va a llegar un momento en que el coche va a dejar de funcionar y no sólo eso, sino que te puede poner en riesgo. Eso es lo que le está pasando a la democracia en México. Y lo notable es que la autoridad en lugar de atender los focos rojos le echa la culpa al mecánico “hay es que el mecánico me dijo que le faltaba aceite porque se está desvielando, pero si mi coche es muy bonito, mi coche huele muy bien”. En lugar de atender las señales de los que estaba ocurriendo le echa la culpa a los organismos internacionales, los empieza a descalificar, los empieza a atacar, a los nacionales y a los internacionales. Es como si tú estuvieras enfermo y tienes un amigo que te dice “yo conozco a un grupo de médicos que son lo mejor del mundo. Hay un ruso, hay un inglés, hay un argentino, hay un egipcio” y te hacen un estudio general y tienes diez estudios en total. Pero resulta que a los estudios tú no les haces nada. Cinco años después es muy probable que estés peor. Entonces tú dices “ay que esos médicos, de veras, qué mala voluntad tienen”. Ese fenómeno es lo que está pasando en México.

Lamentablemente la práctica de la tortura en México es una práctica generalizada; el fenómeno de desapariciones forzadas está llegando a tal magnitud como lo que pasó en Argentina. Cuando fue la dictadura se reportaron cerca de 30 mil desaparecidos. En México estamos cerca de esa cifra.
EL GOBIERNO TIENE AFÁN DE REVENTAR ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS

De eso quería hablar también: México vivió el siglo pasado un régimen de partido hegemónico, pero este siglo entró a un proceso de transición democrática. Ahora hay una democracia representativa, o eso se supone que tenemos. Sin embargo, en este periodo democrático se han cometido más de cien mil asesinatos violentos, se registran mínimo 25 mil desapariciones, cientos de casos de tortura. Pareciera que a mayor democracia mayor barbarie. Porque sí es verdad que ahora hay más libertad, por ejemplo más libertad de expresión, pero también es más probable que te maten en México por ejercer esa libertad. Lo mismo sucede con otras libertades civiles. ¿Cree que hay una correlación en que a mayor democracia mayor barbarie?

No es una variable asociada a la democracia. Es una realidad asociada la corrupción.
A lo que voy es que la democracia mexicana ha generado más desapariciones, torturas, que dictaduras puras y duras como la argentina, o la uruguaya…

Lo que ha quedado muy claro es que el no atender una justicia transicional, al no revisar la justicia del pasado, los hechos nos alcanzan. Primero, en México también hubo desaparecidos, en México también hubo tortura. No en la dimensiones que las hubo en Chile, en Salvador, pero las hubo y nunca se atendió debidamente. Segundo, se reprodujeron las condiciones de impunidad que existían antes de la alternancia. Cuando en el 2000 se da el cambio se pensaba que el PRI, que este partido que gobernó 70 años, era un partido político, tiempo después descubrimos que no era un partido, que era una cultura política. Y es cuando descubrimos que, lamentablemente, el PAN, que es el partido más de derecha, que el PRD, que es más de izquierda, y otras nuevas versiones, tienen casi las mismas prácticas. Entonces el fenómeno del ejercicio en el poder no se democratizó sino que se reprodujeron las viejas prácticas con nuevos logotipos. El fenómeno tiene que ver con la multiplicación de una estructura de corrupción. Ahí las cantidades de dinero que vienen del delito, los ríos de dinero que se meten en las campañas políticas, generan una condición que es veneno para la democracia: corrupción con impunidad. Ese es el verdadero desafío de la transición democrática mexicana, y esas estructuras quedaron intocadas.
¿Y dónde entra el autoritarismo? El caso de la represión en Nochixtlál, Oaxaca es muy claro. Una manifestación para pedir una mesa de diálogo que desde hace meses había sido negada es reprimida con un uso desmedido de la fuerza. Este es un desplante autoritario evidente por las trágicas muertes, pero lo mismo sucede en otras escalas en otros estados del país.

Hay una diferencia en los 12 primeros años en el cambio de gobierno. Hay un mucho mayor apego a la práctica de los derechos humanos, hay un apertura internacional en los primeros seis años. Se hace un cambio radical de México en los foros internacionales. Los segundos 6 años, con una narrativa menos agresiva pero con una inercia y una lógica que empieza a chocar con esta lógica de inseguridad. Tanto así que Obama califica a Felipe Calderón como un Eliot Ness. Así, mientras que en Brasil luchaban contra el hambre, aquí luchaban contra los narcos, pero no sólo es porque haya que luchar contra él sino me refiero a cómo se luchó. No es que Brasil no tenga problemas del narcotráfico, ese no es el tema. Es, ¿cómo se hace la narrativa de gobierno? Felipe Calderón decía “¿por qué no miran a Brasil?”. Porque Brasil no hacía esa narrativa. Brasil estaba en otra cosa. Es muy interesante hacer esta comparación. Porque no es sólo que Obama le haya dicho que era Eliot Ness, sino que el presidente Calderón todo el tiempo nos informaba y nos decía sobre los narcos.
Bueno, Josefina Vázquez Mota, como candidata del PAN decía que iba a poner a Felipe Calderón como procurador si ganaba la presidencia.

O por ejemplo temas que tienen que ver con cómo la autoridad informaba. La misma autoridad sacaba a los narcotraficantes detenidos. Y generaba justamente el efecto contrario de lo que él quería. Yo tuve la oportunidad de ir a un mercado informal cerca de la Ciudad de México en una comunidad que se llama Chiconcuac. Es un mercado de ropa. Se vende mucha ropa en la noche, camiones, y en la mañana es más menudeo. ¿Cuál era el puesto más exitoso? El que vendía las réplicas (aquí le llamamos piratería) de las camisas que usaban los narcotraficantes. ¿Por qué? Porque los muchachos veían en la televisión, promovidos por la autoridad, a personajes como la Barbie. Sacan la casa donde lo detuvieron, sacan los coches que le detuvieron, sacan los relojes, las joyas, las mujeres incluso. ¿Qué dice un joven que no tiene condiciones de trabajo ni condiciones de educación? “Yo quiero ser eso”. Increíblemente la política comunicacional de la autoridad lo convertía en un modelo aspiracional para los jóvenes pobres y se convertían en carne de cañón para los narcos que les pagaban cualquier cantidad de dinero para venir a incorporarse a las cadenas de la delincuencia. Porque estos jóvenes ¿qué opciones tenían? La pobreza, el desempleo, la migración o la violencia. En esa época es cuando se hizo celebre esa frase: “más vale vivir 5 años como rey y no 30 años como buey”. Porque estos muchachos empiezan a encontrar una opción de incorporarse donde la lógica de escalar es la violencia. A esta violencia el Estado responde con más violencia y se hace una espiral que nos tiene sumergidos en esta condición de miles de homicidios, miles de desaparecidos, prácticas de tortura que todas las instancias internacionales han señalado. Entonces el gobierno comienza a decir “no, no, no. Fíjense que no es que haya una crisis de derechos humanos sino que hay demasiada apertura” y comienza a combatir al relator de tortura, al relator de ejecuciones extrajudiciales, al Comité de desapariciones forzadas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al alto comisionado de las Naciones Unidas, combate al grupo interdiciplinario para la investigación de Ayotzinapa. Se pelea con Argentina para no apoyar a su candidato a la corte, el hoy juez Raúl Zaffaroni, porque había criticado a México, se pelea con el Parlamento Europeo por la resolución contra Ayotzinapa, se pelea con Amnistía Internacional: ¿cuántos llevo? Te puedo detallar más si tú quieres. En lugar de aceptar el diagnóstico, me peleo con el médico. “No es que tenga diabetes, no es que tenga problemas con el alcohol, con el sedentarismo, es que todos los médicos están equivocados”.

México empieza a cambiar su posición y empieza a atacar a los organismos en una actitud porril. Pareciera eso, que México tiene el afán de reventar a los organismos de derechos humanos. ¿Por qué? Porque en lugar de combatir el fenómeno de la justicia pareciera que los acuerdos inconfesables con la delincuencia los lleva a dejar que el lobo que entró al corral se coma a las ovejas y voltean para otro lado.

Hay cantidad de testimonios. A la jefa de la policía de Michoacán la atacan. Su camioneta recibe 2 mil 500 balazos y nunca llegó la ayuda. Hoy la compañía que compró la camioneta la utiliza como oposición porque increíblemente esa mujer sobrevivió y dice “¿ven cómo si sirve? 2,500 balazos y se salvó”. ¿Por qué tardó en llegar la ayuda? Porque todos estaban cooptados con la delincuencia.
CARGAMENTOS DE URANIO EN CAJAS DE CHILE Y TONELADAS DE DROGA EN EU

¿Y cuál cree que debe ser el papel de Estados Unidos ante esta problemática de violencia también desatada por su alto consumo de drogas?

Y tampoco se puede desligar esto con lo que pasa en Estados Unidos. ¿Cómo Estados Unidos sí tiene la tecnología de detectar el uranio que hubiera en tres uvas en un cargamento de chile, de ver al otro lado del mundo vía satélite, y no la tiene para detener las miles de toneladas de droga que entran, o las miles de armas que salen?

Yo estuve en Cd. Juárez. Es la ciudad fronteriza con El Paso. Entrevisté a una señora, a una amiga, que trabaja en un centro de jóvenes que se llama Casa y me decía “mira, Emilio, aquí en Juárez hay un problema de trabajo para los jóvenes. ¿Y algunos sabes cómo trabajan? Llegan los narcos y les dicen ‘mira, tengo un trabajo que te voy a pagar 500 dólares por viaje. Yo voy a construir una camioneta 4×4, yo la arreglo y te la doy y tú vas a transportar tres tipos de mercancía. Dinero en efectivo, o armas, o balas o lo tres. El contrato es muy sencillo: si se pierde un arma, un dólar o una bala por la razón que sea, se mueren tú y tu familia’”. Equis muchacho si se esfuerza hace cuatro viajes por semana. Son 2 mil dólares por semana. Pueden hacer hasta 8 mil dólares al mes. Hay fila para hacerlo. ¿Cuándo hemos oído que detienen lo que entra de Estados Unidos a México?
¿Cree que Estados Unidos ha logrado no sólo exportar la represión a los países, sino también la narrativa de la problemática principal?

Sí. Es un negocio redondo. Allá consumen la droga y nos venden las armas.
Estos retenes que usted mencionaba que son tan comunes en las carreteras mexicanas para detectar drogas o armas son imposibles de imaginar en una carretera de Estados Unidos. O que la Marina patrulle una ciudad importante como Monterrey haciendo labores de prevención pública.

Esencialmente el paradigma en las ciudades es un paradigma de salud pública. La política que implementa Washington en América Latina es un paradigma sin cuidado, y va acompañado de la venta. Nos vende los helicópteros, nos venden las armas, el entrenamiento. Es un complemento muy interesante: compran la droga, nos venden las armas. Esto es un fenómeno que no se puede cambiar si no se entiende que no sólo se trata de la corrupción mexicana. Tenemos que discutir lo que pasa del otro lado. Y también tenemos que entender que lamentablemente la corrupción está resultando funcional, y esa corrupción es la que está legitimando, permitiendo, estos tan dramáticos niveles de violencia con muchísimo dolor para las familias. Y no es que no haya costos en Estados Unidos. La droga allá también genera muchos problemas. El problema es que no se ve en la televisión, es menos espectacular. Hoy por hoy es una especie de muerte silenciosa. Acá es muy espectacular: los decapitados, las alertas, pero el coste es para los dos lados. Cuando digo los dos lados no me refiero a los dos países, sino a las dos fronteras, en el sur propiamente dicho. Estos paradigmas generan una condición de una espiral de corrupción e impunidad muy dolorosa.
TENEMOS UN PODER JUDICIAL OMISO, PASIVO Y REACTIVO

Ha hablado de los cuerpos de seguridad, fundamentalmente, de los poderes que toman las decisiones, pero el poder judicial en México en esta crisis de derechos humanos también tiene un papel importante. Yo no sé cuántas sentencias hay por tortura en México o por desaparición forzada en los estados donde ya tienen esta la ley. ¿Cómo contribuye el poder judicial a esta impunidad institucionalizada que usted comenta?

En general los poderes judiciales, estatal y federal, han sido cómplices pasivos de esta problemática. Bien porque no utilizan los instrumentos que por mandato internacional deberían, aunque en su estado no exista una ley, por ejemplo contra la tortura, contra la desaparición forzada. México se ha adherido a los instrumentos de Naciones Unidas, Interamericanos e internacionales. Ese sólo hecho debería de animar para que lo usaran. Prácticamente no hay sentencias contra la tortura. Los jueces y las juezas mexicanas son permisivos con la práctica de la tortura.
Pero con todos estos reportes internacionales, denuncias de los medios, ¿no hay más de cien sentencias?

Yo creo que no hay más de 20 sentencias. También los ministerios públicos no califican por tortura. Lo hacen por abuso de autoridad, uso indebido de la fuerza pública. Como no hay una práctica institucional de combate a la tortura, como se sigue aceptando la confesión bajo tortura, inclusive la propia corte de justicia en México no ha mandado los mensajes eficientes y suficientes para negar contundentemente la confesión obtenida bajo tortura, hoy por hoy se sigue diciendo que la confesión es la prueba reina cuando hay un montón de documentos en contra. Pero la práctica sigue. Entonces si la práctica sigue, no desincentiva y no hay sanción ¿como por qué se va a acabar la tortura?. Lo mismo pasa con las desapariciones forzadas. O sea, tienes una combinación: marco débil, no apego a estándares internacionales, prácticas institucionales que no sólo reproducen sino que también no obtienen castigo: ¿por qué no va a reproducirse la tortura?

El poder judicial de México, lamentablemente, ha jugado el papel del último o de los últimos vagones del tren en el cambio democrático para liderar esta indignación, y un fenómeno parecido ha jugado el poder legislativo, estatal y federal. Yo creo que han sido más activos, por lo menos han legislado más, por lo menos, hombre, pudieron hace la reforma constitucional. Pero a nivel estatal es un desastre. Esta reforma a la que me refiero es del 2011. Ya son más de seis años y todavía hay estados que no tienen legislación sobre tortura.

Entonces tienes un problema donde, primero, el poder legislativo muy presionado por la opinión pública quiere dar resultados, a como fuere. Consecuencia: Ejército en la calle. Se dice, como refrán popular, “a veces el remedio es tan malo como la enfermedad”. Segundo, tienes un poder judicial omiso, pasivo, reactivo; tercero, tienes un poder legislativo que no ha estado a la altura de este desafío. No sólo de legislar sanciones para los servidores que cometan estos actos sino de generar desincentivos de la práctica. El fenómeno es que tienes un Estado que está muy rebasado. Sin hablar de aquellos tramos que han sido cooptados por el delito. Sin hablar de aquellas estructuras que por vía del dinero, de la amenaza… porque también hay que decirlo: ha habido buenos servidores públicos que el Estado no ha sabido defender. Presidentes municipales que se han plantado y el primer día de su mandato los asesinan, también jueces. No quisiera generar una idea de que todos los servidores públicos son malos. Me parecería indebido para aquellos que se la juegan, porque sí hay servidores públicos mexicanos que se la juegan.

El problema es que es difícil entender dónde están los límites cuando la autoridad legitima que se cometan delitos para combatir el delito. Por eso ni el Ejército, ni la Marina, ni la Policía federal puede hacer eso. Si el Estado comete delitos para combatir el delito no sólo se derrota así mismo si no que ya no sabes diferenciar quién es el delincuente. Los narcos por eso se visten de militares y la gente les cree. Es porque esa práctica se ha legitimado. Ese es el problema cuando el Estado comete delitos. No queda claro el bien y el mal; los buenos y los malos, para decirlo en corto. Me decía un General “¿usted qué cree? ¿Que cuando llegamos nos reciben con flores? No reciben a basucazos, a balazos”. Yo no sé. Respeto claramente a aquellos que se juegan la vida por proteger a las personas, pero también hagámonos cargo de que ahí mismo hay gente que juega para el otro lado y cobra con nosotros, con los impuestos.
¿Qué tan fuerte ve usted al Estado mexicano?

El Estado mexicano tiene fuertes instituciones en el sentido de la cantidad de personas, que tienen recursos. No es tan fuerte en la democracia.
Como decía Carlos Monsiváis: “Una cosa es lo grandote y otra cosa lo grandioso”

Exacto. No es un Estado donde no hay fuerza pública, donde no hay capacidad. Por eso es tan dramático, porque habiéndola tener estos niveles de corrupción e impunidad duele más. Ahora, este aparato también se utiliza políticamente. Por ejemplo, el caso de Nochixtlán es diferente a lo que hemos venido platicando. El caso Nochixtlán es cómo un gobierno que se siente amenazado por un movimiento magisterial que se quiere oponer a una serie de reformas emitidas por este gobierno, y que comienza a escalar socialmente en su resistencia, responde de esta manera tan violenta. Es muy irónico. Voy a hacer una síntesis, con toda proporción guardada: en 1968, un movimiento estudiantil pedía diálogo. En ese momento la respuesta del presidente Díaz Ordaz que tenía Juegos Olímpicos encima fue brutal y represiva. A los estudiantes les mandó los tanques y les mandó la policía y el Ejército. Fue un trauma para México, que se sumó a lo que sucedía en el 68 en el mundo. Casi 50 años después hay un fenómeno en una localidad donde el magisterio es muy activo y se opone. Empiezan a hacer labores de resistencia civil: bloquear a carreteras mexicanas. Y en lugar de generar fenómenos de diálogo el gobierno busca recuperarlas por vía de la fuerza. La diferencia es que Nochixtlán no es Tlatelolco. Oaxaca es un lugar donde la gente tiene años organizándose y ha tenido muchas experiencias. Entonces el fenómeno fue un fenómeno de confrontación, a diferencia de Tlatelolco, pero la exigencia era la misma: el diálogo. La autoridad aduce que no puede ser pasiva ante los bloqueos de las carreteras, ante los cierres de lo comercios, y tiene que hacer uso de la fuerza pública para recuperar el estado de derecho. El fenómeno real es que ni se resolvió ni se encontró solución sino que escaló el conflicto. Ahí fue un uso muy autoritario del poder. Esos códigos, esa forma de ejercer el poder, tenía años que no la veíamos en México. No porque no se hubieran dado -sucedió lo del 2006 en Oaxaca, el caso de Atenco, cuando el hoy presidente era gobernador del Estado de México-, sólo que en otro momento eran prácticas, acá han sido más excepciones. Lo que llama la atención es que ahora es el regreso de esas prácticas. Prácticas que creíamos desterradas y en este fenómeno de alternancia parece que están volviendo. El fenómeno del uso del poder contra las oposiciones es un fenómeno que preocupa mucho en términos de salud democrática de un país. Lo mismo que pasa con los periodistas asesinados. México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo: cantidad de periodistas asesinados, amenazados, amordazados, golpeados. Si esos fueran signos vitales de una democracia indudablemente la democracia en México estaría enferma.

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